El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, perpetrado el sábado durante las celebraciones del Día de Muertos, ha desatado una ola de protestas y condenas en Michoacán, donde residentes exigen justicia inmediata ante el recrudecimiento de la violencia ligada al crimen organizado.
La mandataria federal, Claudia Sheinbaum, aseguró en su rueda de prensa matutina que el caso no quedará en el olvido. «Perseguiremos a los autores intelectuales y materiales de este crimen atroz hasta las últimas consecuencias», enfatizó, al tiempo que confirmó el respaldo total del Gabinete de Seguridad a la Fiscalía estatal para agilizar las indagatorias.
Sheinbaum, quien mantuvo comunicación directa con los familiares de la víctima, rechazó cualquier retorno a tácticas confrontacionales contra el narcotráfico. «La guerra solo agravó el caos en regiones como esta; nuestra apuesta es por el trabajo de inteligencia, la persecución penal rigurosa y el combate a las raíces sociales del problema», argumentó.
En paralelo, el titular de la Sedena, general Ricardo Trevilla Trejo, minimizó la posibilidad de infiltración criminal entre los guardaespaldas de Manzo, seleccionados personalmente por el alcalde. No obstante, admitió que esta hipótesis permanece abierta en la investigación, destacando la exposición del edil en un acto masivo como factor clave de vulnerabilidad.
El ataque se registró al término de un evento conmemorativo, donde sicarios abrieron fuego contra Manzo. Semanas antes, el 8 de octubre, el funcionario había solicitado formalmente al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y a la presidenta mantener la presencia de la Guardia Nacional en Uruapan, tras un breve despliegue reciente.
García Harfuch anunció este lunes un refuerzo en las acciones operativas en el estado, con énfasis en la pesquisa forense sobre el empleo de armamento. Reveló avances en la identificación del pistolero neutralizado en el lugar: «Contamos con evidencias de su indumentaria, trayectorias en cámaras de vigilancia, hospedaje y visitas a comercios previos. Pronto confirmaremos su identidad y la organización delictiva a la que pertenecía».
Autoridades federales confirman conocimiento sobre las células criminales activas en la región, pero evitan detalles prematuros para no entorpecer el proceso. Mientras tanto, manifestaciones ciudadanas bloquean vialidades en Uruapan, demandando el fin de la impunidad que ha cobrado la vida de múltiples servidores públicos en Michoacán en los últimos años.
