En una sesión que duró poco más de dos horas y media, el Senado de la República dio su aprobación unánime a las reformas a la Ley General de Salud que imponen una prohibición absoluta a la producción, importación, venta y distribución de cigarrillos electrónicos y vapeadores, con 76 votos a favor, 36 en contra y una abstención. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue enviada de inmediato al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, donde entrará en vigor una vez firmada.
El dictamen, que añade un nuevo capítulo a la legislación sanitaria, define estos dispositivos como cualquier aparato mecánico o electrónico que caliente o vaporice sustancias tóxicas para inhalación, incluyendo líquidos, geles o aerosoles con o sin nicotina. Se prohíben explícitamente su fabricación, almacenamiento, transporte comercial, exportación e incluso cualquier forma de publicidad en medios impresos, digitales o audiovisuales. Las sanciones para infractores con fines de lucro van de uno a ocho años de prisión y multas equivalentes a hasta 2,000 veces el valor diario de la UMA —alrededor de 226 mil pesos—, aunque se exime de castigos a quienes posean o consuman estos productos para uso personal.
El presidente de la Comisión de Salud, José Manuel Cruz Castellanos (Morena), defendió la medida argumentando que el vapeo se ha convertido en la principal fuente de nicotina entre los jóvenes, con al menos 1.63 millones de estudiantes reportados como usuarios en 2024. «Estos números representan miles de adolescentes en riesgo de adicción y daño cerebral; los sabores atractivos y la accesibilidad los convierten en una puerta de entrada al tabaco», advirtió Cruz, proponiendo además campañas de prevención y programas de cesación para fumadores adultos.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador morenista y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, reforzó el argumento al destacar el impacto en pulmones y corazón: «El Estado no invade la privacidad, sino que previene riesgos en un mercado que explota la vulnerabilidad juvenil». Sin embargo, seis reservas de la oposición fueron rechazadas, desatando críticas por la rapidez del proceso.
La senadora priista Carolina Viggiano Austria calificó la reforma de «confusa» y carente de análisis de impacto, alertando que incentivará un mercado negro similar al de los cigarrillos tradicionales. «Deberíamos regular y castigar ilícitos, no prohibir de golpe», reclamó. Gina Campuzano (PAN) la tildó de «acto cínico de magia» que disfrazaba fallos en seguridad pública, advirtiendo que beneficiará al crimen organizado: «Empujamos a la juventud al narcomenudeo sin control sanitario». Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas (Movimiento Ciudadano) anunció la abstención de su bancada, criticando la «ruta prohibicionista» que renuncia a la regulación: «Facilitamos ventas a menores en el sótano del delito».
La aprobación, que contó con el respaldo mayoritario de Morena y aliados, llega en un contexto de creciente preocupación por el consumo juvenil de estos productos, pese a que México ya regulaba su venta a menores desde 2020. Expertos coinciden en que la medida podría reducir el acceso formal, pero demandan fortalecer la fiscalización contra el comercio ilícito para evitar un repunte en el mercado negro.
